CDER Submits Amicus Curiae Brief in Nangaritza Case in Ecuador-1/14/2021
The Rights of Nature provides a constitutional basis for prohibiting mining in fragile ecosystems and endangered species habitat across Ecuador
January 13, 2021
Contact:
Hugo Echeverria, Attorney, echejur@yahoo.ca
Mari Margil, Executive Director, mmargil@centerforenvironmentalrights.org
Quito, Ecuador: The Center for Democratic and Environmental Rights (CDER) has submitted an amicus curiae brief in the Nangaritza River case before Ecuador’s Constitutional Court.
The Nangaritza River is a central case in the Court’s focus on providing constitutional content on the rights of nature. Ecuador is the first country in the world to enshrine constitutional rights of nature in a national constitution. In 2008, the founders of CDER assisted delegates to Ecuador’s Constituent Assembly in developing the constitutional provisions.
The Constitutional Court is currently examining the foundations, scope, and content of these new constitutional rights. Five cases have been selected to that end. The verdicts issued by the Court in these cases will set precedent on how to articulate rights of nature with environmental and other human rights.
The Nangaritza case involves 36 permits issued by Ecuador’s mining authority to conduct mining in the upper basin of the Nangaritza River. Podocarpus National Park and the Biological Reserve Cerro Plateado are in this basin. These natural areas integrate the National System of Protected Areas and provide for the core area of UNESCO’s Biosphere Reserve Podocarpus – Condor. The river basin also holds a Protected Forest that is home to fragile ecosystems, as well as habitat of threatened species, including the Andean bear.
In its amicus brief, CDER explained how the constitutional rights of nature aims at higher standards than the ones set by environmental laws in Ecuador, and that the State has a duty to protect the rights of nature, as constitutional rights of direct application.
Further, that Article 73 of the Ecuadorian Constitution provides for the adoption of restrictive measures to prevent the extinction of species. It is a constitutional rule that is precisely aimed at guaranteeing the rights of nature.
In its amicus brief, CDER builds on its arguments submitted in the Los Cedros case, also before the Constitutional Court. Both cases address mining and the rights of nature. CDER argues that mining be prohibited within fragile ecosystems or in the habitat of threatened species, especially those located near protected areas of national and international importance (such as protected forests and Biosphere Reserves), such as places of high biodiversity that are not designated as protected.
In the Nangaritza case, CDER also highlights the application of the rights of nature in a water-related context. Since 2015, Ecuadorian law has provided for the protection of river basins to a rights of nature standard.
The Center for Democratic and Environmental Rights partners with communities, tribal nations, governments, and people around the world to secure democratic rights and the rights of nature in law, including in the Philippines, Australia, Ecuador, Sweden, and the United States.
CDER presentó escrito de Amicus Curiae en el caso Nangaritza en Ecuador
Los derechos de la naturaleza proveen base constitucional para prohibir la minería en ecosistemas frágiles y hábitats de especies amenazadas de extinción
Quito, Ecuador: El Center for Democratic and Environmental Rights (CDER) presentó un escrito de amicus curiae ante la Corte Constitucional del Ecuador, en el caso rio Nangaritza.
El caso Nangaritza es central para el análisis que la Corte está realizando sobre el contenido de los derechos de la naturaleza. Ecuador es el primer país del mundo en reconocer derechos constitucionales a la naturaleza. En 2008, los fundadores del CDER apoyaron a constituyentes ecuatorianos en la formulación de las disposiciones constitucionales sobre los derechos de la naturaleza.
A la fecha, la Corte Constitucional está examinando las bases, ámbito y contenido de estos nuevos derechos constitucionales. A tal fin, cinco casos han sido seleccionados por la Corte, cuyas sentencias constituirán jurisprudencia vinculante sobre la relación de estos derechos con los derechos ambientales y otros derechos humanos.
El caso se refiere a 36 concesiones otorgadas por la autoridad minera ecuatoriana, en la cuenca del río Nangaritza. El Parque Nacional Podocarpus y la Reserva Biológica Cerro Plateado se ubican en esta cuenca hidrográfica. Estas áreas, que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas; y, constituyen la zona núcleo de la Reserva de Biosfera Podocarpus - El Cóndor (UNESCO). El Bosque Protector Nangaritza también se ubica en esta zona que alberga ecosistemas frágiles y es hábitat de especies amenazadas de extinción, incluyendo al oso andino.
En su escrito de amicus curiae, CDER explicó que los derechos de la naturaleza plantean estándares más elevados que aquellos previstos por la legislación ambiental ecuatoriana y enfatizó el deber estatal de garantizar estos derechos constitucionales. Además, se refirió a la adopción de medidas para restringir actividades que pueden conducir a la extinción de especies. Estas medidas están previstas por el artículo 73 de la Constitución y son de obligatoria aplicación por parte del Estado, para garantizar estos derechos constitucionales.
Este escrito de amicus curiae se sustenta en los argumentos presentados por CDER en el caso Los Cedros. Los dos casos se refieren a minería y derechos de la naturaleza. CDER plantea la no realización de estas actividades en ecosistemas frágiles ni en hábitats de especies amenazadas de extinción, especialmente en zonas cercanas a las áreas protegidas por el derecho ecuatoriano e internacionales (bosques protectores y reservas de biosfera); e, incluso en áreas que no están protegidas, pero albergan alta diversidad biológica.
En este caso, CDER también resalta la aplicación de los derechos de la naturaleza en el contexto de la conservación del agua: desde el 2015, la ley ecuatoriana dispone la protección de las cuencas hidrográficas como un estándar de derechos de la naturaleza.
El CDER se alía con comunidades, pueblos indígenas, gobiernos y personas, en todo el mundo, para promover los derechos de la naturaleza y los derechos democráticos en Estados Unidos, Filipinas, Australia, Suecia y Ecuador.
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